La instrucción del caso Barça-Negreira ha entrado en una fase de ebullición que trasciende los plazos estrictamente judiciales de los últimos años. Mientras el entorno azulgrana intenta desviar la atención, la Justicia parece decidida a bucear en las profundidades de un sistema que podría haber comenzado a fraguarse mucho antes de lo que reflejan las facturas oficiales. La clave ahora no está solo en los pagos documentados, sino en el origen de una relación que apunta directamente a la presidencia de Josep Lluís Núñez.
Árbitros de los noventa bajo el foco judicial
La novedad que ha saltado en las últimas horas es, cuanto menos, inquietante para quienes pretenden dar carpetazo al asunto por una cuestión de prescripción. Varios colegiados que ejercieron durante la década de los noventa están siendo llamados a declarar al juzgado de forma reiterada. No hablamos de una comparecencia rutinaria, sino de interrogatorios insistentes que han llegado a generar cierta incomodidad en los citados. Se trata, en muchos casos, de árbitros con un perfil «ascensor», aquellos que alternaban la Primera y la Segunda División y que vivieron de primera mano la época en la que Enríquez Negreira pasó de los terrenos de juego a los despachos del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
Esta insistencia judicial sugiere una intención clara: reconstruir el relato inicial. Aunque el Código Penal sitúa el foco en la corrupción deportiva a partir de 2010, y los pagos facturados arrancan en 2001, entender cómo se gestó este vínculo en los años noventa es fundamental. Si se logra acreditar que la motivación original del Barcelona y de Negreira era influir en la competición desde el primer minuto, el argumento de que los pagos posteriores eran por simples «asesoramientos» cae por su propio peso.
Las sombras de la época de Núñez y las ligas de Tenerife
El origen del conflicto nos remonta inevitablemente a la presidencia de Núñez. Ya han sido varios los expresidentes y exdirectivos del club catalán que han confesado que esta estructura comenzó bajo su mandato. Es precisamente en 1993 cuando Negreira deja el arbitraje en activo para integrarse en el CTA, formando parte incluso del comité de designación. Son años marcados por sucesos que cualquier madridista recuerda con amargura: las dos ligas perdidas en Tenerife en circunstancias que, vistas con la perspectiva actual y la sombra de Negreira, adquieren un cariz mucho más oscuro.
Aquéllos fueron «atracos» en toda regla, con decisiones arbitrales incomprensibles, goles anulados sin justificación y penaltis clamorosos ignorados. Que ahora la jueza y la fiscalía busquen testimonios de esa época indica que quieren saber si existían presiones internas, si el papel de Negreira ya era entonces el de un facilitador de intereses o si los colegiados percibían anomalías en las designaciones. Llegar a la raíz del asunto es la única vía para desmantelar la tesis de la normalidad que intenta vender el barcelonismo.
Un calendario judicial de alta tensión
Mientras se producen estos interrogatorios, el calendario de declaraciones sigue su curso. Joan Gaspart es el siguiente nombre propio; está previsto que comparezca como testigo a finales de enero o principios de febrero. Al declarar bajo esta condición, no podrá acogerse al derecho a no responder, lo que le obligará a enfrentarse a las preguntas de la fiscalía y de las acusaciones. Por su parte, el Real Madrid sigue ejerciendo una presión legítima para que se practiquen pruebas documentales y testificales clave, como la de Carles Naval, a pesar de las constantes negativas de investigados como Bartomeu.
En definitiva, estamos ante un intento serio de la Justicia por descubrir el «pecado original». Si la motivación en los noventa fue alterar la pureza de la competición, resulta ingenuo pensar que esa intención cambió con el paso de las décadas. El caso Negreira no es un incidente aislado de la era moderna, sino un sistema que parece haber infectado el fútbol español desde sus cimientos más profundos.
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